Guardia Nacional y Sistema de justicia Penal

El sistema procesal penal es el mismo en todo el país y establece normas y formas procesales que rigen ante cualquier conducta delictiva

Rubén Vaconcelos / Columna Invitada / Heraldo de México
Rubén Vaconcelos / Columna Invitada / Heraldo de México

La creación de la Guardia Nacional como una institución civil del Estado mexicano que realizará función policial es un reto para el Sistema Nacional de Seguridad y Justicia que desde la reforma constitucional del año 2008 se define por su carácter acusatorio, oral y adversarial.

Como no podemos entender que la Guardia Nacional venga a sustituir a los órganos de seguridad de las entidades o de los municipios, ya que hay bases para aceptar que la seguridad pública debe fortalecerse desde lo local, y de ninguna forma puede considerarse que el nuevo órgano policial sustituirá al Ministerio Público en su indelegable labor de dirigir funcionalmente la investigación de los delitos, habría que avanzar en la concepción de esta institución como una instancia federal que viene a reforzar, complementando y apoyando, las funciones de seguridad pública y procuración de justicia de competencia local.

Como se trata de una policía, y tienen funciones de prevención e investigación, los estados podrán aprovechar de la Guardia Nacional sus recursos y capacidades materiales, humanas, técnicas, tecnológicas para prevenir delitos, combatir el crimen, y resolver casos.

Desde la óptica de la procuración de justicia, la anterior concepción tendría varias justificaciones. Primero, el sistema procesal penal es el mismo en todo el país y establece normas y formas procesales que rigen ante cualquier conducta delictiva (en la práctica, y en virtud de las reglas y normas comunes, hay un creciente diálogo en toda la República entre quienes integran los órganos de procuración de justicia federal y estatal en torno a diversos temas relacionados con investigación de delitos y el combate a la criminalidad); segundo, la manera en que se manifiesta la criminalidad en el país, que tiende a borrar competencias legales, requiere la federalización de la investigación de delitos, entendida como la estrecha colaboración entre los órganos de procuración de justicia federal y estatal para resolver los casos que de forma creciente tienen orígenes o implicaciones en los dos fueros; y, tercero, en el sistema de justicia penal que rige en el país desde 2016, todas las policías, incluida la Guardia Nacional, tienen la función de investigación de delitos y emplean también en todos los niveles las mismas técnicas de investigación.

Si encaminamos así la construcción de esta nueva policía, podríamos obtener un sistema de reparto de competencias que evite que en la investigación de delitos se bateen los casos de un fuero a otro y más bien se afiance la colaboración en los casos complejos que se presenten; un sistema procesal penal nacional en el sentido no sólo de tener normativamente los mismos principios, fines y procedimientos, sino de poseer, para la investigación de delitos, compartidos criterios de actuación, formas de organización y metodologías; y, una policía que desarrolle el rol y las funciones tan importantes de las que goza constitucionalmente para investigar delitos y que las malas y temerosas interpretaciones de los últimos años le han evitado asumir.

RUBÉN VASCONCELOS

FISCAL GENERAL DE OAXACA

@RVASCONCELOSM

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